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Nuevas prestaciones como medidas de apoyo a los autónomos

Los efectos de la pandemia continúan haciendo estragos en el panorama empresarial, formado en un 90% por autónomos y pymes, pero tras numerosas negociaciones entre el Gobierno -específicamente el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo-, las asociaciones de autónomos, los sindicatos y la patronal, el Consejo de Ministros adoptó el pasado 29 de Septiembre nuevas medidas de protección desde octubre de 2020 y durante los siguientes tres meses.  

Hasta tres tipos de cese de actividad para autónomos

Tras varias reuniones entre el Gobierno, UPTA y ATA, las tres partes llegaban a un acuerdo sobre las ayudas para autónomos que el pasado 29 de septiembre se ratificó en Consejo de Ministros y que, según estimaciones de las dos asociaciones de autónomos, llegarán a 600.000 trabajadores por cuenta propia.

Estas medidas se encuentran contenidas en el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, en sus artículos 13 y 14 y en su disposición adicional cuarta y contemplan hasta tres posibles escenarios en favor de los trabajadores autónomos afectados duramente por la crisis del COVID-19, en los que pueden tener acceso a la prestación por cese de actividad:

  • SE REGULA UNA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
  • SE ESTABLECE LA PRÓRROGA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021 DE LAS PRESTACIONES YA CAUSADAS Y LA COMPATIBILIDAD CON EL TRABAJO POR CUENTA AJENA
  • SE ESTABLECE UNA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE TEMPORADA

Prestación extraordinaria por Cese de actividad para los trabajadores autónomos (Por suspensión de la actividad)

Se trata de una medida extraordinaria similar a la puesta en marcha el pasado marzo al inicio de la pandemia.  Esta prestación está dirigida a aquellos trabajadores autónomos que en caso de confinamiento, o cualquier otra medida tomada por las autoridades sanitaria, se vean obligados a paralizar su actividad económica de forma temporal.

En este supuesto de cese de actividad extraordinario, también se contempla la exoneración de la cuota de autónomos así como el cobro de la prestación cuyo importe será el 50% de la base de cotización del autónomo, salvo que tenga reconocida la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la unidad familiar durante ese periodo procedan de su actividad suspendida. En este último caso la cantidad se incrementará en un 20%.

La prestación derivada de la suspensión de la actividad también está dirigida a los autónomos en tarifa plana que, por no cumplir la carencia de cotización de un año por cese de actividad, no pueden acceder a la prestación ordinaria. Sin embargo, la prestación es incompatible con la pluriactividad, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional.

Prestaciones ya causadas y la compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena(Cese de actividad de carácter ordinario)

Se establece una primera prórroga hasta el 31 de enero de la misma prestación establecida en los meses de julio a septiembre para autónomos cuya facturación se haya visto reducida en al menos un 75% respecto al cuarto trimestre de 2019. Además, esta prestación está sujeta a unos rendimientos netos no superiores a 5.818 euros durante el cuarto trimestre. Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del cuarto trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.

La ayuda ordinaria, cuyo importe corresponde al 70% de la base de cotización reguladora y exime al autónomo de pagar por su cotización por contingencias comunes, consume tiempo de cese de actividad acumulado y es compatible con el desarrollo de la actividad económica.

La prestación ordinaria por cese de actividad sí es compatible con el trabajo por cuenta ajena pero la cuantía será del 50% de la base mínima de cotización. Además, esta compatibilización también está sujeta a unos límites de rendimientos netos. Y es que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el SMI. En la determinación de este cómputo, los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del SMI.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores de temporada (Cese de actividad para autónomos estacionales)

Los trabajadores por cuenta propia cuya actividad económica sea de temporada continuarán disponiendo del cese de actividad hasta el 31 de enero siempre que cumplan con los requisitos establecidos que se han flexibilizado respecto a la ayuda anterior. Los ingresos de 2020 no pueden exceder en 1,75% veces el SMI.

Además, el texto indica que la prestación es incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia (como por ejemplo una pensión de viudedad o de orfandad).

Recordemos que el importe de esta prestación para autónomos de temporada corresponde al 70% de la base de cotización reguladora y conlleva la exoneración de cotización para el autónomo beneficiario. 

Esperamos que este artículo te sirva de ayuda, además, recuerda que puedes confiar en Aníbal Grupo Empresarial también para la gestión fiscal de tu actividad económica. Ahora, más que nunca, conviene confiarla a una asesoría de confianza, con la que obtener el mejor resultado en el pago de tus impuestos.

AYUDAS DIRECTAS PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Ya han salido las ayudas directas del gobierno por la pérdida de facturación que se deberían solicitar cuanto antes para que no se agoten los fondos, ya que van por orden de llegada y dan cantidades a fondo perdido hasta 200.000€. Hay que comprobar que se cumplen los requisitos para poder solicitar las mencionadas ayudas, para proceder a solicitar la cuantía máxima que se permite en cada empresa.

A continuación explicamos todos los requisitos con más detalle:

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA AYUDA?

Podrán beneficiarse de esta ayuda empresarios o profesionales que tengan su domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid, que realicen una actividad económica definida en el Anexo V (*) del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021, y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

  • Que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020, haya caído más de un 30% con respecto a 2019.  Se entenderán, entre otras, como entidades incluidas las comunidades de bienes y sociedades civiles.
  • Que apliquen al régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
  • Que sean grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada.

¿QUE SUPUESTOS QUEDAN EXCLUIDOS DE LAS AYUDAS?

En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de normas imponibles negativas. También estarán excluidas las empresas financieras.

¿PARA QUÉ TENGO QUE DESTINAR EL DINERO?

La cuantía de la ayuda se debe destinar a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.

En primer lugar, se satisfarán los pagos a proveedores, por orden de antigüedad y, si procede, se reducirá el nominal de la deuda bancaria, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público.  El orden de antigüedad vendrá determinado por la fecha de emisión de las facturas.

¿Cuál ES LA CUENTIA MAXIMA DE LAS AYUDAS?

La cuantía de la ayuda se determina en función del tipo de beneficiario:

a) Cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la ayuda máxima será de 3.000 euros.

b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será del:

b.1) El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.

b.2) El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.

El número de empleados a que se refieren los apartados anteriores se calculará teniendo en cuenta el número medio en 2020 de perceptores de rendimientos dinerarios del trabajo consignados en las declaraciones mensuales o trimestrales, de retenciones e ingresos a cuenta (modelo 111) de acuerdo con lo previsto en el punto 8 del Apartado Uno de la Orden HAC/348/2021.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b.1) y b.2) anteriores, la ayuda máxima no podrá ser superior a 200.000 euros.

En caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada referidos en el artículo 3.2 de este Acuerdo, los límites anteriores se aplicarán al grupo en su conjunto.

Supuestos especiales

c) En caso de profesionales o empresas que se hayan dado de alta o se hayan creado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, la cuantía máxima será:

1. Si aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 3.000 euros.

2. Si no aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 30.000 euros.

d) En el caso de empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, la cuantía máxima será 30.000 euros.

e) Respecto de los empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020, la cuantía máxima será:

1. Si aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 3.000 euros.

2. Si no aplican el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 30.000 euros.

Se ampliarán los ERTE a todo 2021 con incentivos para que las empresas reactiven a sus trabajadores

Con el objetivo de seguir paliando los efectos de la crisis sanitaria de la COVID-19 en el ámbito laboral, tal como se habían prorrogado anteriormente, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), avales públicos y demás medidas de ayudas a empresas contra la crisis, se extenderán durante todo el año 2021, según indica «el plan de recuperación, transformación y resilencia», que el Gobierno ha enviado a Bruselas.

En dicho plan, se indica que se establecerá «un mecanismo transitorio de ERTE hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores«, con mayores incentivos para las empresas que recuperen a trabajadores en ERTE para la actividad.

De esta manera, el Gobierno ha adelantado la extensión a todo el ejercicio 2021, tal y como reclamaba la CEOE, de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para pagar los salarios, cuyo plazo de extensión finaliza el próximo 31 de mayo. 

Este mecanismo se ha constituido como uno de los principales instrumentos frente a la crisis y bajo su paragüas permanecen a día de hoy 783.290 trabajadores. De cara a su prolongación, se prevé configurarlo como un instrumento permanente, dando mayor relevancia a la formación. 

Junto a los ERTE,  se extenderán también los avales públicos del ICO (han movilizado más de 121.000 millones), la ampliación de los plazos de carencia y de devolución para dar un mayor margen financiero y liquidez a las empresas, y las cotizaciones sociales de los trabajadores, así como la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos. 

También se prolongarán las moratorias en el pago de impuestos y cuotas de la Seguridad Social sin intereses, las moratorias para la devolución de créditos hipotecarios y no hipotecarios, y otros créditos públicos.  

¿Estás afectado por un ERTE, eres desempleado o autónomo y te interesa conocer las novedades más recientes que te pueden afectar? Desde Aníbal te asesoramos y te explicamos las principales claves de las nuevas medidas. ¡Ven e infórmate con nosotros!

¿Pueden las PYMES afectadas por COVID-19 recibir ayudas económicas si obtubieron pérdidas en 2019?

Estas ayudas a las que nos referimos, son ayudas de concesión directa para compensar los gastos, que previamente hayan sido pagados por la pyme, en nóminas, cotizaciones sociales, alquileres de locales y aquellos derivados con la obtención de productos y servicios, relacionados con medidas de protección, prevención e higiene, necesarias para garantizar la seguridad del personal, en relación con la COVID-19.

Las pymes solicitantes de la ayuda deben haber suspendido su actividad tras la declaración del estado de alarma, o bien, poder acreditar un descenso en la facturación de al menos un 25% en el segundo trimestre de 2020 respecto del trimestre anterior o bien, respecto del segundo trimestre de 2019.

El importe de las ayudas se determina en función del número de asalariados de la pyme (a 30 de junio de 2020), en tres tramos diferenciados.

Pero, ¿Como podemos saber si podemos tener derecho a las referidas ayudas?

Pues bien, en un principio y según el Real Decreto 5/2020, no podían beneficiarse de estas ayudas los empresarios que, por un lado en la declaración del IRPF de 2019 hubieran declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, por otro lado, en la declaración del Impuesto sobre Sociedades (IS) hubieran tenido un resultado negativo en 2019 la base imponible del Impuesto o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.

Sinembargo el Real Decreto 6/2021 de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19, «entre abre» la puerta a la posibilidad recibir ayudas aún cuando se hubiesen obtenido pérdidas durante 2019; lo que para muchas empresas podrá articularse de forma excepcional por las CC.AA. y ciudades de Ceuta y Melilla que consideren esta posibilidad para empresas «viables» que en 2019 hayan tenido un resultado negativo.

El pago por cada año de retraso de la jubilación podría ascender hasta 13.000

Tras el acuerdo alcanzado por los partidos para las recomendaciones del Pacto de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales se encuentran negociando los términos concretos de la reforma de pensiones. Uno de los puntos que se espera tener cerrado para después del verano es de la modificación del esquema de incentivos para alargar la edad de jubilación más allá de los 66 años estipulados por ley, por un lado, y por otro lado, las penalizaciones para quienes se retiran del empleo antes de la edad.

En lo que se refiere a los incentivos para la conocida como jubilación demorada, el Gobierno plantea al posibilidad de extender en un pago único previo al retiro la cuantía correspondiente a esa mejora, en cada caso. Según los cálculos elaborados por elEconomista, para una pensión media, de 27.000 euros anuales, este pago ascendería a 13.000 euros por cada año de demora.

Senior woman writing down her memories into a notebook

La propuesta estriba cambiar la forma de cobro de esa mejora de pensión establecida por ley en los supuestos de jubilación demorada, de un 4% más sobre la cuantía de la pensión. Para esa prestación prevista de 27.000 euros anuales, con la legislación actual y la concepción del incentivo en estos momentos, por cada año de ampliación de la estancia en el puesto de trabajo más allá de los 66 años (edad legal de retiro en 2021) se aplicaría un incremento de ese porcentaje sobre la cuantía de la prestación prevista. Por lo que finalizado el año de trabajo extra, lo que se accedería es a una pensión de 28.080 euros anuales, en lugar de los 27.000 euros previstos. 

Según sondeos realizados por la Seguridad Social a trabajadores potenciales de acogerse a esta jubilación demorada, se ha demostrado que el incentivo para alargar la vida laboral parece más atractivo a través de un pago único previo a la jubilación, que no en forma de esta suerte de prorrateo que se establece en este momento.

Las mejoras a este incentivo buscan aproximar el objetivo marcado por las recomendaciones del Pacto de Toledo de tratar de acercar la edad real de jubilación de los españoles, en 64,5 años según el Banco de España, a la legal de 66 años establecida este año en virtud de la reforma de pensiones de 2011, que llegará a los 67 años en 2027 terminada la transición.

Pensión alimenticia en caso de separación o divorcio

El Tribunal Supremo ha condenado a un hombre que dejó de abonar las pensiones por alimentos a su familia por el delito del artículo 227 del Código Penal a la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, mantiene la condena por el delito de alzamiento de bienes por haberse despatrimonializado dolosamente, fijando la pena de un año y seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 14 meses con cuota diaria de 10 euros por día de sanción, con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago.

Esta sentencia del Tribunal Supremo ha generado mucha polémica y ha dado mucho de que hablar. Es por eso que, aunque en un primer lugar existe una exigencia moral y natural del progenitor obligado a no dejar desabastecidas las necesidades de sus propios hijos, existe una obligación legal que se deriva de este supuesto y que os vamos a detallar a continuación para que lo tengáis claro:

¿Que es la pensión de alimentos?

Según el artículo 142 del código civil «Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo».

Cuando afrontamos una ruptura de convivencia marital siempre nos surge la duda de cuales son los gastos que debemos sufragar, es por ello que debemos distinguir entre dos tipos de gastos: los ordinarios y los extraordinarios.

Los gastos ordinarios son los que constituyen la pensión de alimentos y son todos aquellos gastos previsibles, periódicos y necesarios para el sustento de los hijos, como por ejemplo la alimentación, vivienda digna, asistencia médica, gastos de escolaridad(matrícula, uniforme, material y libros, comedor, transporte escolar), enseres personales, atención sanitaria, ocio (teléfono móvil, cine, salir con los amigos…), etc

Esta prestación de alimentos es una prestación única, que no se fija en función de unos gastos mensuales determinados, se trata de una suma anual alzada cuyo pago se prorratea mensualmente, con inclusión, por tanto, del correspondiente al periodo de vacaciones que los hijos disfrutan en compañía del obligado al pago.

Los gastos extraordinarios son aquellos gastos eventuales y que no puedan ser previstos cuando se fija la pensión de alimentos. (Estos pueden ser gastos necesarios como tratamientos médicos necesarios imprevistos y no cubiertos por la seguridad social, que no precisan del consentimiento del cónyuge no custodio o gastos no necesarios como clases de pintura, que sí requieren el previo consentimiento del progenitor no custodio). La pensión fijada no incluye estos gastos extraordinarios, se determinan separadamente, haciendo referencia a ellos generalmente en la sentencia de divorcio, determinando la proporción que corresponde a cada progenitor, que suele ser el 50%.

¿Como se solicita la pensión de alimentos?

Dentro del procedimiento de divorcio se fijará la pensión alimenticia de los hijos, bien de mutuo acuerdo entre los cónyuges o de forma contenciosa a falta de consenso. En la sentencia de divorcio se determinará la cuantía, forma de pago y de actualización de la pensión de alimentos fijada. Para fijar la cuantía de la misma, hay una serie de factores que deben ser tenidos en cuenta como son el número de hijos, las necesidades de los mismos y el patrimonio de ambos progenitores.

Impago de la pensión de alimentos

En caso de no satisfacer o suspender sin autorización judicial el pago de la pensión alimenticia, los hijos o la expareja en representación de ellos, o incluso el Ministerio Fiscal, pueden reclamar el abono de las cantidades no percibidas, con un plazo de hasta cinco años. Inicialmente se requerirá el abono de las cantidades adeudas a través de un procedimiento civil de ejecución de sentencia. En caso de no satisfacer la demanda, el Juez puede decretar el embargo del salario o cualquier otra renta de la que disponga el demandado.Pero además, hay que tener en cuenta que el impago de la pensión alimenticia puede ser constitutivo de un delito de abandono de familia.

Es importante matizar que la pensión de alimentos se podrá también solicitar por parejas que no hayan contraído matrimonio pero sería en un procedimiento distinto. En ambos casos es obligatorio estar representado por un procurador y asistido por un abogado.

¿Cuando empieza la campaña de renta 2020?

Apenas faltan unas semanas para que comience la Campaña de Renta y Patrimonio de 2020, que es una de las citas fiscales anuales que casi todos los ciudadanos tenemos señaladas en el calendario y, este año, comenzará el 7 de abril de forma telemática y finalizará el 30 de junio de 2021, según el calendario publicado por la Agencia Tributaria.

Según la normativa del IRPF, únicamente están obligados a presentar la declaración de la Renta aquellas personas que hayan percibido más de 22.000 euros en los doce meses anteriores con un único pagador. Sin embargo, sí habrán de hacerlo aquellas personas que cuenten con más de un pagador y la suma supere los 12.643 euros anuales.

Este año, la campaña de renta cuenta con la introducción de algunas novedades para los contribuyentes, pues estará marcada por la pandemia del COVID-19 , como por ejemplo, si se ha estado en ERTE durante este ejercicio y como afectará la tributación de esas prestaciones al resultado de la renta. Aquellos contribuyentes afectados por un ERTE no estarán obligados a declarar por IRPF si la suma de los rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros y si el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supera los 1500 euros.

Otra novedad «muy destacable» en este ejercicio 2020, es que, en el apartado de rendimientos de actividades económicas en estimación directa, con carácter voluntario se permite por primera vez que los contribuyentes puedan trasladar los importes consignados en los libros registro del IRPF, de forma agregada, a las correspondientes casillas de este apartado del modelo.

 Como dato sobre la campaña de renta de 2019, la AEAT indica en una nota informativa que, al cierre del año pasado, se devolvieron 10.428 millones de euros, abonándose a 30 de diciembre el 93,2% de las devoluciones solicitadas por los contribuyentes.

¿Prorrateas las pagas extra de tus trabajadores?¡Cuidado, te podría tocar pagarlas dos veces!

Las pagas extraordinarias están reguladas en el artículo 31 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, donde se establece que los trabajadores tienen derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una por Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio o por acuerdo, que normalmente se establece para el inicio del verano. Sin embargo, se permite acordar en convenio colectivo que las pagas extras se prorrateen en las doce mensualidades.

Si es tu caso, y como empresario prorrateas las pagas extraordinarias de tus trabajadores en la nómina mensual debes echar un vistazo al convenio colectivo de aplicación para comprobar que el mismo no lo prohíbe, pues si existe tal prohibición te puedes encontrar con una reclamación de cantidad que te obligue a volver a abonar las pagas extraordinarias del último año más un 10 % de interés por mora.

Si el convenio colectivo lo prohibe, el prorrateo de las pagas no puede ser acordado entre el empresario y el trabajador, pues el empresario corre el riesgo de ser sancionado por una inspección de trabajo y podría tener que abonar de nuevo las pagas en caso de que el trabajador interponga una reclamación de cantidades, muy habitual cuando se extingue la relación laboral.

Ante una reclamación de cantidad se entenderá que lo percibido en cada mensualidad por el trabajador, no se corresponde con las gratificaciones extraordinarias aunque así se haya especificado en la nómina y por lo tanto deberán ser abonadas de nuevo, sin que sea posible su compensación con los importes efectivamente pagados por tal motivo.

Pero, por otro lado, cuando el convenio se limita a señalar la fecha de vencimiento de la obligación del pago de las pagass extras y no prohíbe su prorrateo ni dispone consecuencia alguna para el caso de que éste se efectúe, cabrá imputar lo abonado a dicho concepto, si la suma coincide con el salario anual pactado.

Sobre este tema hay extensa jurisprudencia en la sala de lo social del Tribunal Supremo. Y para cualquier consulta, nuestros abogados de Aníbal te pueden ayudar con las dudas que te puedan surgir al respecto. ¡Contáctanos!

¿Es posible prorrogar el contrato de arrendamiento de vivienda habitual debido a la situación por covid 19?

Tras la ampliación del estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo de 2021, todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos) que finalicen hasta dicha fecha, desde el 2 de abril de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021, podrán ser aplazados hasta seis meses más. Esta fue una de las medidas sociales que fueron adoptadas por el gobierno (Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero) con el objetivo de ayudar a los inquilinos en esta situación tan complicada y seguir paliando los efectos de la crisis del COVID-19.

Esta prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor y deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o en el caso de que el arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial».

The interior with a bid dining room of a modern private house

La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, hasta la finalización del estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes».

Para terminar queremos resaltar que se debe tener en cuenta que lo anterior excluye a garajes y trasteros, así como a superficies construidas de más de 1.500 m2.

Problemas de ruidos entre vecinos debido a la situación por Covid-19

De prácticamente solo dormir en casa a pasar las 24 horas del día en ella. Debido a la difícil situación que estamos pasando como consecuencia de la crisis del Covid-19, la mayoría de los españoles pasan hoy en día mucho tiempo en sus hogares, que se han convertido de manera improvisada en oficinas, gimnasios, salas de cine y música o parques infantiles, cuando antes muchas personas apenas iban a su casa a dormir. Mientras uno duerme, el otro ve la televisión, mientras uno teletrabaja, el otro monta una fiesta infantil para  entretener a los más pequeños, por lo que es inevitable que surjan nuevos conflictos en las comunidades de vecinos, pero hay que intentar, en la medida de lo posible, no molestar a las personas que conviven en las casas contiguas, ya que, en ocasiones, la falta de empatía puede ocasionar problemas entre vecinos.

Si no se respetan las normas básicas de convivencia y no se tienen en cuenta los alrededores realizando acciones que alteren seriamente el descanso o la concentración de los vecinos cercanos en horarios irregulares esto puede ocasionar conflictos, llegando a generar tensiones y molestias desagradables. 

En el caso de que exista un problema con las actividades de los vecinos, lo mejor es buscar una solución por la vía pacífica, ya sea en solitario o con la ayuda del  presidente de la comunidad.

Acerca de la legislación sobre el ruido

En cada municipio existe una Ordenanza Municipal sobre contaminación acústica, estableciendo unos límites de horario para el mismo. Aunque esa normativa cambia en cada localidad, lo habitual es que se suela establecer que desde las 00:00 hasta las 08:00 horas o desde las 23:00 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. Lo normal es que durante el día las actividades que se realizan en el domicilio no superen los 35 decibelios y que por la noche el nivel de ruido se mantenga entre 25 y 30 decibelios.

Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid establece tres períodos: 

  • El diurno, constituido por 12 horas continuas de duración, comprendido entre las 7.00 y hasta las 19.00 horas
  • El periodo vespertino, o periodo tarde, comprendido entre las 19.00 y las 23.00 horas; 
  • El nocturno, entre las 23.00 y las 7.00 horas, dependiendo de la franja horaria los valores de emisión de ruidos varían.

Normalmente, las molestias que aquí estamos analizando suelen ser a nivel doméstico y no suelen sobrepasar los límites establecidos por la normativa municipal, por lo que en el caso de que exista un problema con las actividades de los vecinos y sin olvidarnos de que estamos viviendo unas circunstancias excepcionales, desde Aníbal creemos que lo mejor es buscar una solución por la vía pacífica, tratando de arreglar los conflictos de una forma civilizada, siendo lo más sencillo hablar con el vecino de manera cordial, ya sea en solitario o con la ayuda del presidente de la comunidad.

Hay que tener en cuenta que la mediación de conflictos es voluntaria y si la vía amistosa no funciona y el vecino que molesta no está dispuesto a dejar de molestar, desde Aníbal Grupo Empresarial te recomendamos dirigirte al presidente de la comunidad para que requiera, por medio de un escrito, la cesación inmediata de la actividad que produce las molestias. En el caso que continúen habrá que valorar con un abogado la opción de acudir a la vía judicial, dadas las circunstancias imposibles de convivencia.

Se puede optar por presentar una demanda ante un juzgado civil o un juzgado contencioso administrativo, cuando sea posible, a fin de exigir que el vecino cumpla la normativa y deje de molestar con sus ruidos. Para ello habrá que contar con abogado y procurador. Para que la denuncia tenga mayores posibilidades de éxito será preciso que se aporten pruebas de la actividad molesta, como testigos e incluso informes elaborados por la Policía.

PRIMER DESPIDO PROCEDENTE EN ESPAÑA DE UNA TRABAJADORA DEL GRUPO DÍA POR NEGARSE A LLEVAR BIEN PUESTA LA MASCARILLA

Hacer un mal uso de la mascarilla en el puesto de trabajo puede traer consecuencias negativas para los trabajadores, sobre todo si estamos quebrantando las normas de prevención de riesgos laborales, como es el caso de este despido disciplinario del pasado 27 de Mayo de 2020, de una trabajadora del Grupo Día Retail España S.A.U, que mientras se encontraba prestando servicios de dependienta en la sección de pescadería de dicho supermercado, manipulando un producto no envasado, como es el pescado, llevaba la mascarilla colocada por debajo de la nariz y por lo tanto mal puesta, cuando los servicios prestados le obligaban a realizar un uso correcto de la misma.

La sentencia nº0000434/2020 del Juzgado de lo Social nº6 de Santander, suscribe que la trabajadora demandó a la empresa solicitando la declaración de impocedencia, que fue desestimada porque la conducta de la trabajadora suponía una falta grave por vulnerar las normas de seguridad, que incluyen la correcta utilización de los equipos de protección individual. Además, también se le imputó una falta notoria de respeto o consideración al público (por encararse con una clienta que se quejó a su supervisora de su negligencia) dirigiéndose a ella con las palabras: «Si no te gusta, te vas. Si quieres lo arreglamos en la calle, sin el uniforme»., así como enfrentándose de malas maneras a un jefe o compañero. Conductas, todas ellas, tipificadas en el catálogo de infracciones del convenio de DIA.

 Nuestros abogados de Aníbal han analizado la sentencia y concluyen que, si bien el fallo judicial «no marca un criterio general susceptible de aplicación a todos los incumplimientos laborales de esta naturaleza» (es decir, no llevar la mascarilla bien puesta), el caso «sí permite afirmar la gravedad de la desobediencia de un trabajador cuando esta está relacionada con la prevención de riesgos en su máxima extensión«, bien sea hacia el resto de la plantilla o hacia otras personas implicadas. «Así encontramos, y ahí está la relevancia del pronunciamiento, un aspecto que sirve para combatir la habitual permisividad que tienen los juzgados de lo Social con las conductas incorrectas protagonizadas por los trabajadores».