Tras el acuerdo alcanzado por los partidos para las recomendaciones del Pacto de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales se encuentran negociando los términos concretos de la reforma de pensiones. Uno de los puntos que se espera tener cerrado para después del verano es de la modificación del esquema de incentivos para alargar la edad de jubilación más allá de los 66 años estipulados por ley, por un lado, y por otro lado, las penalizaciones para quienes se retiran del empleo antes de la edad.
En lo que se refiere a los incentivos para la conocida como jubilación demorada, el Gobierno plantea al posibilidad de extender en un pago único previo al retiro la cuantía correspondiente a esa mejora, en cada caso. Según los cálculos elaborados por elEconomista, para una pensión media, de 27.000 euros anuales, este pago ascendería a 13.000 euros por cada año de demora.
La propuesta estriba cambiar la forma de cobro de esa mejora de pensión establecida por ley en los supuestos de jubilación demorada, de un 4% más sobre la cuantía de la pensión. Para esa prestación prevista de 27.000 euros anuales, con la legislación actual y la concepción del incentivo en estos momentos, por cada año de ampliación de la estancia en el puesto de trabajo más allá de los 66 años (edad legal de retiro en 2021) se aplicaría un incremento de ese porcentaje sobre la cuantía de la prestación prevista. Por lo que finalizado el año de trabajo extra, lo que se accedería es a una pensión de 28.080 euros anuales, en lugar de los 27.000 euros previstos.
Según sondeos realizados por la Seguridad Social a trabajadores potenciales de acogerse a esta jubilación demorada, se ha demostrado que el incentivo para alargar la vida laboral parece más atractivo a través de un pago único previo a la jubilación, que no en forma de esta suerte de prorrateo que se establece en este momento.
Las mejoras a este incentivo buscan aproximar el objetivo marcado por las recomendaciones del Pacto de Toledo de tratar de acercar la edad real de jubilación de los españoles, en 64,5 años según el Banco de España, a la legal de 66 años establecida este año en virtud de la reforma de pensiones de 2011, que llegará a los 67 años en 2027 terminada la transición.
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