¿Qué es una zona catastrófica y que implica su declaración para los ciudadanos?

¿Qué significa declarar una zona catastrófica?

Una zona catastrófica es aquella que recibe el nombre de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, como viene recogido en la Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que ha sufrido daños personales o materiales como consecuencia de una catástrofe natural, como una nevada, un terremoto o una gran inundació, entre otras causas, así como las derivadas de acción humana, como el terrorismo.

El Gobierno Español ya ha declarado Zona Catastrófica en otras ocasiones como en Diciembre de 2016 por temporal de lluvias e inundaciones en Andalucía, los graves incendios forestales de Gran Canaria en 2019, o el caso de la Dana en La Comunidad Valenciana a finales del año 2019, así como actualmente se plantea para las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-la Mancha tras el paso del temporal “Filomena”.

Pero, ¿sabemos que implicaría para los ciudadanos si finalmente se declaran estas zonas fuertemente azotadas por las inclemencias del tiempo como zonas catastróficas? Desde Aníbal tratamos de explicarte a continuación qué significa declarar una zona como catastrófica.

¿Quién solicita la zona catastrófica y que implica para los ciudadanos?

Cualquier administración pública puede pedir a un Ministerio que declare un espacio zona catastrófica, y después será el Gobierno mediante un Consejo de Ministros quien aprobará o no la declaración en función de los daños personales y materiales sufridos, que habrá detallado en un informe la administración que haya solicitado la declaración.

Esta solicitud se llevará a cabo en la “fase de recuperación” de la catástrofe, cuando ya hubieran terminado las acciones de respuesta inmediata a la emergencia.

Cuando se declara una zona como catastrófica, el Gobierno Español deberá valorar los “daños personales o materiales” tras el suceso, así como si el mismo ha paralizado todos o algunos de los servicios públicos esenciales y si se han perturbado gravemente las condiciones de vida de la población, para así poder aplicar diversas medidas, como por ejemplo: ayudas a particulares por daños personales, ayudas a las corporaciones locales para afrontar los gastos derivados de las actuaciones urgentes, subvenciones para infraestructuras, ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y marinas, además de préstamos blandos o medidas fiscales, laborales o relacionadas con la Seguridad Social. Es importante tener en cuenta de que estas acciones no serían consideradas como una indemnización, sino que se trata de ayudas que contribuyan a paliar los daños causados.